Iguala: un crimen de Estado

La generalizada violencia que vive este país hace que corramos el peligro de confundir las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de Iguala como un crimen entre otros, que se pierde en el océano de sangre en que estamos sumergidos. Si bien el dolor y la pérdida pueden ser comparables a otros casos de violencia, en esta ocasión estamos ante una injuria duplicada porque, cualquiera que sea la circunstancia, es público y notorio que estamos ante un crimen de estado.
No importa que el comando de la masacre de Iguala, y la desaparición o asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pudieran haber sido ordenados por una banda criminal, el hecho de que los estudiantes fueran baleados y desaparecidos por la fuerza pública, y que el Presidente Municipal de Iguala estuviera coludido hace que los demás ciudadanos estemos implicados. Este es un crimen que ha sido hecho con las fuerzas políticas y policiales que supuestamente actúan en nombre de los ciudadanos: por eso, la masacre de Iguala configura uno de los mayores crímenes practicados por el Estado Mexicano que hayamos atestiguado en nuestras vidas. Esta es precisamente la materia de la noción de derechos humanos: la fuerza del Estado ha sido usada para violentar la vida y los derechos políticos de los ciudadanos, por el ejercicio de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. En este caso no hubo siquiera la ficción de la actuación de grupos paramilitares o guardias blancas: tenemos una desaparición en masa efectuada por la policía y verificada enteramente con pruebas materiales y testimoniales.
No debemos pasar por alto esta situación: no es una represión más, sino un crimen estatal que requiere una sanción judicial y política inmediata. No basta la persecución de los policías y gobernantes locales directamente implicados: el Gobernador de Guerrero, al menos, debe ser removido para que la clase política en su conjunto sin importar los partidos sepa que las violaciones de los derechos humanos no pueden ser toleradas. Yo hubiera esperado que fuera precisamente el PRD quien hiciera esa exigencia. 

Yo pienso sumarme a la marcha del 8 de octubre, e invito a todos a pensar que,  si bien seria ingenuo suponer que hay una salida a la descomposición del país que sea inmediata, dada la complejidad que articula los conflictos en que vivimos, sí nos toca manifestar nuestro repudio a estos terribles eventos, y demandar justicia no sólo en nivel judicial, sino en términos de pasar la factura a la autoridad constituida a nivel tanto municipal, como estatal y federal, y al sistema de partidos que, mal o bien, es el mediador entre los ciudadanos y las autoridades que han contribuido con su negligencia al deterioro de la seguridad, y se han coludido con los criminales para atacar a los normalistas.